La FGE solicitó información a Oaxaca para determinar si existen elementos que permitan abrir una carpeta de investigación
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició un expediente de atención temprana relacionado con la exalcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, ante señalamientos sobre una presunta relación con grupos de la delincuencia organizada.
De acuerdo con la autoridad ministerial, el caso se encuentra en una etapa preliminar y, como parte de las diligencias, la Fiscalía de Puebla solicitó a su homóloga de Oaxaca información que permita conocer si existen elementos que puedan ser incorporados a una eventual carpeta de investigación.
La apertura del expediente no implica, por sí misma, que exista una responsabilidad penal acreditada contra la exfuncionaria, sino que representa el inicio de un proceso para recabar información y determinar si los hechos denunciados cuentan con elementos suficientes para avanzar hacia una investigación formal.
El caso adquiere relevancia por tratarse de una exservidora pública que estuvo al frente del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, municipio ubicado en una zona estratégica de la Mixteca poblana y con conexión territorial hacia entidades como Oaxaca.
La Fiscalía deberá determinar, a partir de la información que obtenga y de las diligencias correspondientes, si existen indicios que permitan establecer alguna relación entre la exalcaldesa y organizaciones criminales, así como la posible existencia de conductas constitutivas de delito.
La solicitud de información a Oaxaca apunta también a la necesidad de coordinación entre fiscalías estatales cuando las investigaciones involucran hechos o personas relacionadas con más de una entidad federativa.
Por ahora, Guadalupe Lucero Bárcenas mantiene su situación jurídica sin una responsabilidad penal determinada. Será la investigación ministerial, en caso de que evolucione hacia una carpeta formal, la que establezca si existen elementos suficientes para ejercer alguna acción legal.
El expediente coloca nuevamente bajo escrutinio la relación entre actores políticos locales y posibles estructuras delictivas, un tema que deberá esclarecerse mediante investigaciones formales y con base en pruebas, no únicamente en señalamientos.
