La joven fue localizada sin vida en San Andrés Cholula; la Fiscalía reconoció que sus unidades estaban ocupadas cuando recibió el reporte
El asesinato de María Fernanda Orozco Suárez, joven de 24 años localizada sin vida en un departamento de San Andrés Cholula, colocó nuevamente bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las autoridades de Puebla ante hechos de violencia contra mujeres.
Durante las primeras horas del caso, familiares denunciaron que tuvieron que esperar alrededor de 12 horas para que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. La demora generó reclamos hacia la institución encargada de investigar el hecho.
María Fernanda fue encontrada sin vida en un inmueble ubicado en San Andrés Cholula, después de que su familia perdiera comunicación con ella. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba aparentes huellas de violencia, por lo que la Fiscalía inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.
El caso tomó relevancia por la presunta participación de su pareja sentimental, quien inicialmente fue señalado por familiares como posible responsable y de quien se desconocía su paradero durante las primeras horas de la investigación.
Sin embargo, posteriormente la propia Fiscalía confirmó la detención del hombre, originario de Querétaro, quien mantenía una relación sentimental con María Fernanda y vivía con ella. La autoridad ministerial señaló que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de la muerte y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Uno de los puntos que generó mayor cuestionamiento fue precisamente la demora en las diligencias ministeriales. La fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, ofreció una disculpa y explicó que la institución contaba con cuatro unidades para atender este tipo de servicios y que, al momento del reporte, se encontraban ocupadas en otros casos.
La situación abrió nuevamente el debate sobre la capacidad operativa de la Fiscalía para responder de manera inmediata ante hechos que requieren preservar una escena, recabar indicios y realizar diligencias periciales con oportunidad, particularmente cuando se investiga una posible muerte violenta de una mujer.
El caso también generó una precisión respecto a la relación de María Fernanda con la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). La institución lamentó el fallecimiento y aclaró que la joven y el detenido no forman parte actualmente de su comunidad estudiantil ni de su padrón de egresados.
Mientras la investigación avanza, corresponde a la Fiscalía determinar con precisión qué ocurrió en el inmueble de San Andrés Cholula, establecer la causa y circunstancias de la muerte y presentar ante la autoridad judicial los elementos que sustenten la probable responsabilidad del detenido.
El caso de María Fernanda deja además una interrogante sobre la capacidad institucional para responder con rapidez ante hechos de violencia contra las mujeres: la detención de un presunto responsable es apenas una parte de la investigación; el esclarecimiento pleno de los hechos y el acceso de la familia a la justicia dependerán ahora de la actuación ministerial y judicial.
