El exedil auxiliar de San Lucas Atoyatenco habría sido identificado como presunto responsable del crimen, de acuerdo con declaraciones del gobernador Alejandro Armenta Mier. El caso vuelve a poner bajo la lupa la violencia política y la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en Puebla.
El asesinato del periodista Josué Martínez, ocurrido en San Martín Texmelucan, vuelve a sacudir al estado de Puebla y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la violencia, la impunidad y los vínculos entre actores políticos locales y grupos capaces de operar con extrema violencia.
De acuerdo con lo señalado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, el exedil auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Javier N., sería el presunto responsable del homicidio del comunicador.
La acusación, por su gravedad, coloca nuevamente a las autoridades ante una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los actores políticos cuando desde sus propios territorios se generan condiciones para la violencia contra periodistas?
El señalamiento oficial no es menor. Un periodista asesinado no representa únicamente una víctima más de la violencia criminal: representa también un golpe directo a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre en su comunidad.
El poder local, nuevamente bajo sospecha
San Martín Texmelucan y sus juntas auxiliares han sido escenario recurrente de conflictos políticos, disputas por el control territorial y problemas de seguridad. En ese contexto, que un exrepresentante auxiliar sea señalado por un crimen contra un periodista resulta particularmente grave.
La investigación deberá determinar con pruebas y ante las instancias judiciales correspondientes qué ocurrió, cuál fue el móvil del asesinato y quiénes participaron. La declaración política no puede sustituir una investigación ministerial sólida, pero tampoco debe minimizarse cuando proviene directamente del titular del Ejecutivo estatal.
El caso también pone a prueba al gobierno de Armenta. Si existen elementos para responsabilizar a un exfuncionario auxiliar, la exigencia ciudadana es sencilla: que no haya protección política, acuerdos bajo la mesa ni impunidad por tratarse de personajes vinculados al poder local.
Periodismo bajo fuego
El asesinato de Josué Martínez vuelve a exhibir una realidad que Puebla no puede seguir normalizando: ejercer el periodismo en determinadas regiones puede convertirse en una actividad de alto riesgo.
Cuando un comunicador es asesinado, el daño trasciende a su familia. Se afecta la libertad de prensa, se intimida a otros periodistas y se envía un mensaje de miedo a toda la sociedad.
Por ello, el caso no debe reducirse a una disputa entre grupos políticos o a un expediente criminal más. La investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias y establecer responsabilidades individuales, materiales e intelectuales, si las hubiera.
El discurso de combate a la corrupción y a la violencia pierde credibilidad cuando los intereses políticos terminan pesando más que la justicia.
Ahora corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial demostrar que el poder público no será utilizado como escudo para quienes sean señalados por delitos graves.
Porque si el responsable del asesinato de Josué Martínez realmente estuvo vinculado al poder auxiliar de una comunidad, el problema no termina con una detención: comienza con la obligación del Estado de explicar cómo fue posible que alguien con antecedentes de participación política pudiera estar relacionado con un crimen de esta naturaleza.
La sociedad poblana merece respuestas, no versiones contradictorias; justicia, no protección política; y, sobre todo, garantías para que ejercer el periodismo no se convierta en una sentencia de muerte.
