La diputada Delfina Pozos Vergara respaldó la propuesta de que el PRI entregue a la Fiscalía General del Estado de Puebla la lista de aspirantes que podrían ser postulados en las elecciones de 2027, con el objetivo de descartar posibles vínculos con grupos del crimen organizado.
La legisladora consideró positiva cualquier medida que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales y en la selección de candidatos, especialmente en un contexto nacional donde los señalamientos sobre presuntas relaciones entre actores políticos y organizaciones criminales han cobrado relevancia.
Sin embargo, Pozos Vergara también lanzó una advertencia al señalar que instituciones como la Fiscalía y el Instituto Electoral del Estado de Puebla deben actuar con absoluta imparcialidad y no convertirse en herramientas de presión o control político contra aspirantes de oposición.
La postura refleja una preocupación que ha comenzado a extenderse entre diversos partidos políticos: la necesidad de establecer filtros para impedir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, sin que ello derive en mecanismos discrecionales que puedan utilizarse para favorecer o perjudicar a determinados actores políticos.
El debate cobra especial relevancia rumbo a los comicios de 2027, donde además de la disputa electoral estará en juego la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la legalidad y equidad de la contienda.
Para algunos analistas, la revisión de perfiles por parte de las autoridades puede representar una herramienta útil para prevenir riesgos de infiltración criminal. Sin embargo, también advierten que cualquier procedimiento de este tipo debe realizarse bajo criterios transparentes, objetivos y con pleno respeto a los derechos políticos de los ciudadanos.
En el fondo, la discusión revela uno de los principales desafíos de la democracia mexicana: cómo impedir que el crimen organizado influya en las elecciones sin abrir la puerta a que las instituciones sean utilizadas como instrumentos de persecución política.
La confianza ciudadana dependerá no solo de quiénes aparezcan en las boletas electorales, sino también de que las autoridades actúen con independencia y sin sesgos partidistas en la revisión de quienes aspiran a ocupar cargos públicos.
