Puebla, Pue.- A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ordenó atender la controversia territorial entre los municipios de Hueyapan y Atempan, el Congreso del Estado de Puebla continúa sin una definición sobre el caso, argumentando que aún espera información técnica del Instituto Registral y Catastral del Estado.
El presidente del Poder Legislativo, Pavel Gaspar Ramírez, reconoció que la resolución del conflicto permanece estancada debido a que el Congreso requiere la respuesta de Catastro para determinar con precisión los límites territoriales entre ambas demarcaciones.
La declaración se produjo luego de la protesta realizada por habitantes de Hueyapan frente a la sede del Congreso local, donde exigieron una solución inmediata a un problema que se ha prolongado durante años y que mantiene incertidumbre sobre la delimitación de territorio, la prestación de servicios y la administración de recursos públicos.
“El que nos contesten lleva un tiempo”, justificó el legislador al explicar que el procedimiento debe apegarse a criterios técnicos antes de emitir una resolución definitiva.
Sin embargo, la respuesta no ha sido suficiente para los inconformes, quienes consideran que las autoridades han postergado reiteradamente la solución de un conflicto que ya cuenta con observaciones y directrices de la SCJN.
Por su parte, el director jurídico del Congreso, Jesús Juárez Lezama, confirmó que el Poder Legislativo ya recibió el criterio emitido por la Suprema Corte respecto a la controversia territorial, por lo que el proceso formal para resolver el diferendo ya se encuentra en marcha.
El caso vuelve a exhibir la lentitud burocrática con la que suelen atenderse los conflictos limítrofes en Puebla, donde comunidades enteras permanecen durante años en medio de disputas administrativas que impactan directamente en su vida cotidiana. Mientras las instituciones intercambian oficios y esperan dictámenes técnicos, los habitantes continúan demandando certeza jurídica sobre el territorio que habitan.
La presión social ejercida por los pobladores de Hueyapan también refleja el desgaste de la confianza ciudadana hacia las autoridades, pues aunque existe una instrucción de la máxima autoridad judicial del país para avanzar en el tema, la resolución sigue atrapada entre procedimientos administrativos y tiempos institucionales que parecen no corresponder a la urgencia de la población afectada.
Por ahora, la controversia entre Atempan y Hueyapan continúa sin fecha definitiva de resolución, mientras crece la exigencia ciudadana para que el Congreso deje de administrar el conflicto y finalmente tome una decisión de fondo.
