La presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho informó que existe interés de diversos empresarios en invertir en terrenos propiedad del Gobierno de Puebla ubicados en las inmediaciones del aeropuerto de Huejotzingo.
De acuerdo con lo señalado, entre los proyectos contemplados se encuentran la construcción de un hotel, un centro comercial y una central camionera, lo que convertiría a la zona en un nuevo punto de desarrollo logístico y comercial en el estado.
Sin embargo, el anuncio también abre cuestionamientos sobre el proceso mediante el cual se llevarían a cabo estas inversiones. Hasta el momento, no se han detallado los mecanismos de asignación de los terrenos, ni si estos serían vendidos, concesionados o desarrollados bajo esquemas de asociación público-privada.
Tampoco se ha informado quiénes son los empresarios interesados, ni los montos estimados de inversión, elementos clave para evaluar el alcance real de los proyectos y su impacto en la región.
En ese contexto, voces críticas advierten que el manejo de terrenos públicos estratégicamente ubicados —como los cercanos a infraestructura aeroportuaria— requiere altos estándares de transparencia, especialmente ante el riesgo de que se utilicen para beneficiar a grupos específicos bajo condiciones poco claras.
Aunque desde el sector empresarial se plantea como una oportunidad para detonar la economía local y generar empleos, el tema ya se coloca en la agenda pública no solo por su potencial económico, sino por la necesidad de garantizar que las decisiones se tomen con claridad y sin discrecionalidad.
En un escenario político marcado por la cercanía del proceso electoral de 2027, cualquier movimiento en torno a recursos públicos y proyectos de alto perfil inevitablemente será observado bajo una lupa política, donde el desarrollo y el interés público deberán demostrar que van de la mano.
