La captura de Roberto de los Santos Jesús, alias “El Bukanas”, uno de los nombres más emblemáticos del huachicol en la franja Puebla–Veracruz, fue presentada por el gobernador Alejandro Armenta como un golpe contundente contra las redes criminales dedicadas al robo de hidrocarburos.
De acuerdo con reportes recientes, la detención ocurrió en un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales en Chignahuapan, donde también fueron asegurados seis presuntos integrantes de su célula delictiva, además de armamento de alto poder. Autoridades señalan que “El Bukanas” operó durante más de una década en el llamado Triángulo Rojo, zona históricamente marcada por el robo de combustible, extorsión y violencia.
El mensaje político del mandatario busca proyectar resultados en uno de los temas más sensibles para la entidad: la seguridad y el combate al crimen organizado. Sin embargo, la captura también revive un cuestionamiento incómodo para distintas administraciones: ¿cómo fue posible que un operador de este nivel permaneciera prófugo por tantos años?
La caída de “El Bukanas” representa, sin duda, un golpe mediático y operativo relevante, pero también pone sobre la mesa la persistencia de las estructuras que hicieron posible su expansión. El huachicol en Puebla no ha sido únicamente un fenómeno delictivo, sino una economía criminal profundamente arraigada en regiones estratégicas.
El propio Alejandro Armenta subrayó que durante al menos diez años ninguna autoridad había logrado actuar en su contra, lo que convierte esta detención en un mensaje político de eficacia gubernamental. No obstante, el verdadero desafío será demostrar que no se trata solo de la captura de un líder, sino del desmantelamiento de toda la red financiera, territorial y de protección que lo sostuvo.
