San Andrés Cholula, Pue.— La administración de la alcaldesa Guadalupe Cuautle comienza a tambalearse ante una avalancha de señalamientos por presunta corrupción y sobrecostos en obra pública, que ya dejaron de ser rumores para convertirse en denuncias formales ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).
De última hora, la regidora Ana Isabel Fernández presentó una denuncia contra la presidenta municipal por graves inconsistencias financieras en obras ejecutadas durante los periodos 2024, 2025 y 2026, evidenciando lo que podría tratarse de un patrón sistemático de inflar costos en proyectos financiados con recursos públicos.
El caso ya había encendido las alertas a nivel estatal luego de que el delegado federal de Bienestar, Raymundo Cuautli, hiciera acusaciones públicas de corrupción, señalando directamente al gobierno municipal. La respuesta del gobernador Alejandro Armenta fue contundente: llevar los señalamientos a la ASE y someterlos al escrutinio legal, dejando claro que no habrá protección política.
Entre las obras bajo sospecha se encuentran el proyecto de la radial a Cuayantla, la remodelación de la Unidad Deportiva Quetzalcóatl y diversos proyectos de pavimentación de calles, cuyos costos finales no corresponden con la magnitud ni la calidad de los trabajos realizados, de acuerdo con los señalamientos presentados.
La falta de explicaciones claras, la opacidad en los contratos y el silencio del ayuntamiento frente a las acusaciones agravan la percepción de un gobierno municipal rebasado y bajo sospecha, mientras crece la exigencia ciudadana de que se transparenten licitaciones, empresas beneficiadas y responsables directos.
Lo que hoy enfrenta Guadalupe Cuautle no es un ataque político aislado, sino una crisis de credibilidad que podría escalar a consecuencias legales si la Auditoría confirma los presuntos desvíos y sobreprecios. San Andrés Cholula se suma así a la lista de municipios donde la obra pública, lejos de ser sinónimo de desarrollo, se convierte en símbolo de abuso y mala administración.
