La madrugada del 8 de febrero de 2015 en el zócalo se perpetró uno de los crímenes contra los derechos humanos más dolorosos de la historia reciente de Puebla. A las 3:22 se apagaron las luces y apareció un convoy de camionetas con 30 hombres armados. Su misión, golpear, secuestrar, torturar y desaparecer forzadamente a los estudiantes que de manera pacífica hacíamos una huelga de hambre para defender la educación pública en la BUAP.
Esa madrugada, 8 jóvenes de entre 15 a 23 años fuimos torturados y amenazados “de que nos harían lo mismo que a los de Ayotzinapa, que nos quemarían y nadie encontraría nuestros cuerpos”. Permanecimos horas en desaparición forzada siendo torturados, al final nos tiraron en un baldío, desnudos y amarrados. Escuchamos que cortaban cartucho y pensamos que nos iban a matar, pero se fueron.
A 10 años, los crímenes siguen impunes denuncia José Fidel una de las victimas.
En esa Puebla, Rafael Moreno Valle cometía sistemáticamente crímenes contra los derechos humanos. En la BUAP, el encargado de ejecutar las políticas morenovallistas fue Alfonso Esparza Ortiz, Rector de 2013 a 2021, cuya administración se caracterizó por el desfalco sistemático del patrimonio universitario mediante:
• Malversación de más de 7 mmdp a través de esquemas de facturación falsa
• Uso del equipo Lobos BUAP como instrumento de lavado de dinero
• Implementación de contratos simulados y transferencias irregulares
• Hostigamiento constante contra las voces críticas de la comunidad universitaria, especialmente contra trabajadores y estudiantes.
Estos hechos no fueron acciones espontáneas, sino operatividad efectiva de la estructura mafiosa liderada por Moreno Valle a nivel estatal y Esparza Ortiz en la BUAP. Mediante una red de funcionarios se estableció una estructura paralela de control que sistematizó las agresiones a universitarios antes, durante y después del 8 de febrero.
El caso de Rodolfo Zepeda Memije es representativo, ya que desde junio de 2014 y a lo largo de toda la gestión de Esparza, ocupó cargos clave en la relación con la comunidad estudiantil, como “DIRECTOR DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN ESTUDIANTIL” y “COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES”. Es decir que él está vinculado, ya sea por comisión u omisión con cualquier agresión contra los estudiantes universitarios durante este periodo.
Lacera al clima de paz que algunos de los personajes vinculados al primer círculo de la gestión de Esparza continúen en cargos en la actual administración universitaria. Asimismo, indigna que el propio Esparza, responsable directo de la represión y del multimillonario saqueo, deambule por las calles de Puebla con absoluta impunidad.
Por lo anterior, solicitamos a las autoridades competentes:
1. Investigación y sanción inmediata a Alfonso Esparza Ortiz como autor intelectual de los actos
represivos y del desfalco universitario.
2. Investigación sobre el posible involucramiento de Rodolfo Zepeda Memije en ataques contra
universitarios, estudiantes y trabajadores.
3.Realización de una auditoría objetiva e integral del periodo 2013-2021.
4.Esclarecimiento del caso Lobos BUAP y el esquema de facturación falsa.
5.Compensación justa por parte de Alfonso Esparza Ortiz a las víctimas.
6.Reparación integral del daño por parte de Alfonso Esparza Ortiz hacia los afectados.
7.Implementación de mecanismos que garanticen la no repetición de actos represivos.
8.Compromiso con la defensa de los derechos universitarios.
Estas son las demandas de quienes fueron víctimas de la represión en el periodo rectoral de Alfonso Esparza.
