Integrantes de varias organizaciones civiles aseguran que la Concesión otorgada carece de toda legalidad, por lo que ésta debe ser anulada por completo y no necesariamente pasar por un litigio
Puebla, México. – Integrantes de diversas organizaciones civiles aglutinadas todas ellas en el llamado Frente por la Defensa y el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, informaron que ya solicitaron el apoyo al Congreso del Estado para que intervenga y frene como penalice a Agua de Puebla por los cortes del vital líquido que ha hecho a miles de usuarios, tras confirmar que éstos son totalmente ilegales.
En su intervención, el abogado Jesús Arrona, Gerardo Pérez, Jorge Méndez, entre otros señalaron en conferencia de prensa, que, con base a dos postulados legales, Agua de Puebla carece de toda facultad para cortar el suministro de agua potable y brindar el servicio de drenaje.
Lo anterior debido a que el proceso por el cual el Organismo descentralizado conocido como Soapap carecía de las facultades para concesionar el servicio que bridaba a una empresa privada, ya que eso sólo lo podía hacer el Congreso del Estado, por lo que la concesión por sí misma y de acuerdo a los nuevos documentos que se han encontrado, no tiene validez alguna, el organismo privado conocido como Agua de Puebla, carece de las facultades para cortar el suministro del vital líquido a los usuarios.
De acuerdo con los ponentes y con base en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
Bajo ese principio se revisó parte del proceso legal que llevó a la creación de Agua de Puebla, la cual es operada por Concesiones Integrales, única beneficiaria del servicio. Sin embargo, al verificar los movimientos legales, la creación y el otorgamiento de la concesión se dio de manera directa de un organismo público descentralizado a uno privado, sin el consentimiento del Congreso local.
Por lo que la Concesión en sí, carece de toda legalidad y se debe declarar nula, del mismo modo y bajo esa tesitura, las acciones que emprenda Agua de Puebla en contra de los usuarios que adeudan o no han pagado su servicio a la mencionada empresa, pues ésta no tiene la facultad legal para realizar cortes de suministro y cierres del sistema de drenaje.
La Concesión, dijeron, se debe declarar, sin necesidad de ir a un litigio por incumplimiento de acuerdos tomados y que tienen que ver con el abastecimiento del agua de manera regular y no espaciada, de los cobros indebidos, de los cortes, entre muchas otras irregularidades.
“La Concesión, por sí misma, es ilegal, y al ser ilegal, es nula”, reviró el litigante Jesús Arrona al detectar que este proceso, que ha llevado meses de análisis y estudio, hoy por hoy permite echar abajo esa concesión sin necesidad de pagar refrendos o indemnizaciones, porque las mismas serían ilegales
