· Amagan con armarles campañas de desprestigio en medios informativos
· Son narcomenudistas vinculados a la pornografía infantil y que también trafican con armas y licor; uno es ex servidor público
Empresarios y comerciantes de Tijuana y Rosarito, Baja California denuncian amenazas de muerte por parte de un grupo criminal vinculado al tráfico de drogas, al contrabando de licor, armas y a la pornografía infantil; estos sujetos, entre ellos una mujer, extendieron sus ilícitas actividades al cobro de piso y la extorsión; se dicen periodistas y operan a través de “portales de noticias” falsos para presionar a sus víctimas.
Uno de presuntos criminales fue funcionario en la actual administración del gobernador Francisco “Kiko” Vega Lamadrid. Se trata de Ricardo Osuna, quien trabajó en Aduanas y fue subdirector de modernización del gobierno de Baja California.
Todos ellos se manejan como supuestos periodistas, portan gafetes de prensa, logran acreditarse en eventos, y de acuerdo con otras denuncias también mantienen amenazados a verdaderos comunicadores locales.
En este grupo criminal han sido identificados Jose Santiago Correa Collazo; Maria Luisa Garcia Cruz alias “La Marrana”, Alejandro Pastrana López alias “El Panochudo. A sus víctimas les advierten que todos los medios irán contra ellos si no acceden a enttregarles fuertes sumas de dinero.
Todos ellos tienen antecedentes penales, de acuerdo con registros e ingresos, partes informativos y expedientes abiertos desde 2010 en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Procuraduría General de la República y otras instancias jurisdiccionales como el Juzgado Decimosexto de Distrito en Baja California.
A este grupo delictivo se le suma otro sujeto identificado como Alejandro Jiménez, ex conductor de una televisora local. Todos ellos, arreciaron sus amenazas contra empresarios de distintos giros y comerciantes locales diciéndoles que irán contra sus bienes y sus familias; no se descarta que mucha información que se allegan sea a través de perfiles en las redes sociales, toda vez que les mencionan nombres de familiares y amigos, colegios de sus hijos y otros datos, coinciden en señalar los afectados
Algunos funcionarios locales no escapan a estas amenazas. Al igual piden el anonimato por miedo a represalias; han interpuesto también denuncias ante la autoridad, porque en las últimas semanas son presionados por este grupo delictivo que los amagan con “hacerles campañas de desprestigio”
Para ello, se valen de medios digitales con supuesto perfil periodístico. Les exigen importantes sumas dinero y arremeten amenazándolos de que no solo son ellos sino mucha más gente del medio periodístico quienes les publicarán “su historia negra”.
Los afectados denuncian que en algunos casos a las puertas de su casa encuentran cajas de cartón cerradas y al abrirlas éstas solo contienen basura pero encima de esta, una serie de fotografías familiares.
Trasciende que a través de las empresas telefónicas obtienen un listado o “sábana de llamadas” de cada una de sus víctimas, y presuntamente también están involucrados en lavado de dinero ya que operan desde bares y cantinas de su propiedad, una de las cuales se haya ubicada en la llamada “Plaza del Zapato”.
En marzo de 2011, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Baja California les decretó auto de libertad y los absolvió de delitos contra la salud, por los que fueron procesados a finales de 2010.
En aquel entonces, el juzgado federal les decretó “la libertad, por falta de elementos para procesar, con las reservas de la ley, estando involucrado José Antonio Correa Collazo quien también se hace llamar José Santiago Correa Collazo.
Con él, también otro sujeto de nombre Gilberto Guevara Galván, también miembro del grupo delictivo.
