Puebla, Pue.- La diputada local y presidenta de la Comisión Inspectora en el Congreso local, Patricia Leal Islas, presentó un exhorto ante la Comisión Permanente, y el cual fue aprobado donde se solicita a la Fiscalía General investigar y sancionar por daño patrimonial a quienes resulten responsables de la compra de un predio a sobre precio para el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) en 2005.
Así mismo pidió se realice una investigación por parte de la Contraloría estatal sobre el destino del pago de más de mil millones de pesos que la empresa concesionaria pagó para poder administrar el servicio de agua y alcantarillado.
Leal Islas, condenó el uso electoral que el PRI está haciendo del tema, por lo que, denunció que dicho terreno de cinco hectáreas, fue comprado por la administración del entonces gobernador Mario Marín Torres por un monto de 11 millones de pesos, cuando registró un valor catastral de 100 mil pesos por hectárea.
“Hago uso de esta tribuna, para exhortar a la Fiscalía General del estado para que deslinde responsabilidades y, en su caso, ejercite acción penal por los posibles delitos patrimoniales en contra de quien o quienes resulten responsables en la época de los hechos denunciados; ya es momento de hablarle a los poblanos con la verdad, quienes señalan, critican, descalifican y han tomado el tema del agua como una bandera política, son los mismos que estuvieron sentados por años en la silla donde se tomaron las grandes decisiones y, en vez de tomar las medidas preventivas necesarias para garantizar el abasto, fueron permisivos con las irregularidades y el endeudamiento”, aseveró.
Al final del exhorto en la sección de la Comisión Permanente, la legisladora pidió por su importancia, la dispensa del trámite legislativo en comisiones, por lo que seis de los siete diputados asistentes votaron por la petición de la panista.
En respuesta al punto de acuerdo que presentará el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pablo Fernández del Campo, en el que exhorta al gobierno estatal a revocar la concesión del servicio de agua, modificar la Constitución local para que el Estado se encargue del suministro de la misma.
