Puebla, Pue.- La candidata a la gubernatura del estado de Puebla por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna, sostuvo que el sistema penitenciario está en crisis luego que de los 23 centros de readaptación social en Puebla, incumplen con las especificaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por tanto, se comprometió a respetar las leyes para las familias y presos.
Durante el sexto día de campaña, Roxana Luna se presentó en la explanada del CERESO de San Miguel, a fin de “barrer” la zona y limpiar la corrupción, pues señaló que la CNDH reprobó a la entidad en cuanto al sector: “La justicia empieza por los derechos humanos y por ser respetuosos de la ley.”
En este sentido, la candidata mencionó que la falta de infraestructura ha hecho que los más de 9 mil 571 internos vivan hacinados, sobrepasando el espacio en un 58.9 por ciento.
Indicó que la reincidencia delictiva en Puebla representa un 14.5 por ciento superior al promedio nacional, que es del 12 por ciento, en tanto el 42 por ciento de los internos carecen de una sentencia judicial.
Sostuvo que los centros de readaptación carecen de programas para que los internos puedan contar con una preparación profesional y tener las herramientas necesarias para integrarse productivamente en la sociedad, ya que actualmente solo se genera un rechazo por las condiciones insalubres en las que viven.
Roxana Luna aseguró que se promoverá que el Poder Judicial resuelva en un plazo de un año la situación jurídica de los casi cuatro mil reclusos que no han sido sentenciados, aplicar un sistema de conmutación de penas con base en el estudio y el trabajo, promoviendo reformas constitucionales y penales para que se reduzcan las penas por grados de estudios alcanzados por los reclusos y por la capacitación que alcancen en artes y oficios para el trabajo.
La candidata indicó que conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se revisará la situación de los presos políticos para lograr su libertad inmediata al tiempo de promover la derogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado llamada Ley Bala, y de las leyes injustas que han causado malestar social y limitaciones al ejercicio de las libertades.
Finalmente, Roxana Luna, prometió convocar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos para constituir un Observatorio Ciudadano y una Contraloría Social para el respeto de las leyes, además de impulsar la homologación del Sistema de Justicia Penal, con la reforma constitucional en la materia de 2008, para garantizar juicios simplificados, transparentes y orales de acuerdo a los tratados internacionales.
