Puebla, Pue.- El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Jorge Estefan Chidiac, reveló que la candidata por la gubernatura, Blanca Alcalá Ruíz ha sido víctima de espionaje e intervención telefónica, por lo que responsabilizó al gobierno estatal.
Al condenar que los recursos de inteligencia e investigación se utilicen en la entidad para amedrentar a la competencia política, en vez de utilizarlos contra la delincuencia organizada, indicó que la candidata Alcalá Ruíz ha presentado la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR), desde el 2 de abril, cuando de forma anónima fue alertada de la intervención de su línea telefónica, aplicaciones de mensajería y correos electrónicos.
“En esta conversación amenazadora, explicó el líder del PRI, un hombre le espetó; “estás siendo vigilada, ya conocen de lo que hablas y escribes”.
Además, acusó que en días recientes, Blanca Alcalá también le ha notificado que durante sus llamadas a celular se escuchan ruidos extraños, hecho que da pauta a imaginar que están intervenidos los móviles y el correo electrónico.
Estefan Chidiac lamentó que las acciones de inteligencia policial se utilicen en el “espionaje telefónico” y no proteger a los ciudadanos de la delincuencia del orden local y federal.
“Sería muy lamentable que toda la estructura estatal de inteligencia se utilice para intimidar a la candidata y no a resguardar la seguridad de los poblanos, ante los delitos del fuero federal y común”.
En tanto, Rogelio Cerda Pérez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, dijo que en la “red de espionaje”, hay funcionarios federales más allá de Puebla, y que están “enganchados”, es decir vigilados ilegalmente, hasta él puede estarlo.
Dijo que cuando tengan las pruebas fehacientes las presentarán a los medios y señaló que por la misma razón el número de averiguación no se puede revelar, únicamente se enfocó a recordar que con base al artículo 177 del Código Penal General, cualquier persona que intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente se le aplicarán las canciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de salario mínimo de multa.
