Un juez federal ordenó la clausura inmediata de pozos petroleros y la paralización de la infraestructura de transporte de hidrocarburos en Coatzacoalcos, como medida para contener un derrame que ha generado afectaciones ambientales en la zona.
La resolución se da tras concederse la suspensión provisional dentro del amparo 337/2026, en la que se determinó que frenar la operación extractiva es, por ahora, la única medida efectiva para evitar que el daño continúe escalando.
El fallo judicial señala presuntas omisiones en los protocolos de emergencia por parte de Pemex, así como de dependencias federales como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Marina.
De acuerdo con la resolución, estas autoridades no habrían actuado con la rapidez ni eficacia necesarias para contener la contaminación, lo que obligó a tomar una medida de carácter urgente y extraordinario.
El juez también estableció un plazo de 48 horas para que las dependencias involucradas rindan un informe detallado sobre las acciones implementadas. En caso de incumplimiento, podrían enfrentar sanciones legales.
La clausura se mantendrá vigente mientras no se acrediten acciones inmediatas de remediación ambiental. De no cumplirse con estas medidas, la paralización operativa podría escalar durante la audiencia incidental programada para el próximo 22 de mayo de 2026.
El caso abre un nuevo frente de presión sobre las autoridades ambientales y energéticas, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante emergencias ecológicas.
