El coordinador de Gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, confirmó que la empresa Agua de Puebla incumplió con el Plan de Inversión establecido en el tercer convenio modificatorio de su contrato.
De acuerdo con el funcionario, además del rezago en las inversiones comprometidas, la concesionaria también incurrió en desviaciones respecto a los estándares de desempeño, lo que pone en entredicho la calidad del servicio que presta a la ciudadanía.
El señalamiento no es menor, considerando que se trata de una empresa encargada de un servicio público esencial como el suministro de agua potable y saneamiento en la zona metropolitana de Puebla.
Aunque no se detallaron montos específicos del incumplimiento ni las sanciones que podrían derivarse, la confirmación oficial abre la puerta a posibles revisiones contractuales e incluso a medidas más severas en caso de que las irregularidades persistan.
El tema también revive un debate recurrente: el modelo de concesión de servicios públicos y la capacidad de las autoridades para supervisar y hacer cumplir los compromisos adquiridos por empresas privadas.
En un contexto donde el acceso al agua es una de las principales demandas sociales, los señalamientos contra Agua de Puebla no solo evidencian fallas operativas, sino que también colocan presión política sobre el gobierno estatal para definir si habrá consecuencias reales… o si el caso quedará, una vez más, en el terreno de las declaraciones.
