La frase “A mí el CISO no me consultó” comenzó a replicarse en distintos puntos de Puebla como respuesta a la presunta consulta sobre el Cablebús difundida por el Gobierno de Puebla. Sin embargo, detrás del mensaje, especialistas advierten una narrativa que mezcla desinformación con tintes políticos.
El señalamiento parte de una premisa cuestionable: el CISO BUAP no es una instancia encargada de realizar consultas ciudadanas, sino un organismo académico y técnico orientado a la innovación, análisis y desarrollo de proyectos estratégicos.
En ese sentido, vincularlo directamente con un proceso de consulta pública no solo distorsiona su función, sino que también evidencia —según voces cercanas al ámbito académico— un intento por desacreditar tanto al proyecto como a las instituciones involucradas.
Por otro lado, el Cablebús Puebla ha sido objeto de críticas que giran más en torno a percepciones políticas que a evaluaciones técnicas. El proyecto, aseguran especialistas en movilidad, responde a la necesidad de mejorar la conectividad en zonas de difícil acceso, donde los sistemas tradicionales de transporte resultan ineficientes.
La llamada “consulta” difundida por el gobierno estatal también ha sido utilizada como punto de ataque, pese a que este tipo de ejercicios suelen ser complementarios y no necesariamente vinculantes, lo que ha sido aprovechado por actores políticos para posicionar la idea de imposición.
En este contexto, tanto el CISO como el Cablebús han quedado atrapados en una disputa narrativa donde los argumentos técnicos pasan a segundo plano frente a consignas simplificadas que buscan generar rechazo ciudadano.
Así, más que un debate informado sobre infraestructura y desarrollo, lo que se observa es un episodio más de polarización, donde proyectos de largo alcance son utilizados como herramientas de desgaste político, dejando en segundo plano su posible impacto en movilidad, innovación y calidad de vida.
