En medio de la discusión para ratificar a Roberto Velasco en la cancillería, el senador del PAN, Ricardo Anaya, lanzó un señalamiento contundente sobre la crisis de desapariciones en el país.
“No es posible que en un país desaparezcan 40 personas al día”, afirmó, al respaldar el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual calificó como “brutal” por la gravedad de sus conclusiones.
Durante su intervención, Anaya no solo defendió el contenido del documento internacional, sino que también enlistó a presuntos funcionarios vinculados a Morena que, según dijo, estarían relacionados con casos de desaparición, elevando el tono del debate en el Senado.
El posicionamiento ocurre en un momento clave, donde la política exterior y la situación interna del país se cruzan en la agenda legislativa, particularmente ante cuestionamientos internacionales sobre derechos humanos en México.
Mientras el oficialismo ha cuestionado la validez y el enfoque de organismos internacionales, voces de oposición como la de Anaya insisten en que los señalamientos deben asumirse con seriedad y no descalificarse políticamente.
El cruce de posturas no solo evidencia la polarización en torno a la crisis de desapariciones, sino también el uso del tema como un eje de confrontación política en decisiones clave, como la ratificación de perfiles en el servicio exterior.
Así, el debate trasciende el nombramiento en la cancillería y se instala en un terreno más amplio: el reconocimiento —o negación— de una crisis que, más allá de cifras, sigue acumulando víctimas en el país.
