En un intento por posicionarse como una alternativa de izquierda frente a la crisis de inseguridad en Perú, el candidato presidencial Ricardo Belmont decidió cerrar su campaña con una frase que en México ya carga con un fuerte desgaste: “abrazos y no balazos”.
La consigna, popularizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue presentada como una apuesta por atender las causas sociales de la violencia. Sin embargo, sus resultados han sido ampliamente cuestionados, en medio de cifras persistentes de inseguridad y la expansión territorial del crimen organizado en diversas regiones del país.
En ese contexto, la decisión de Belmont no pasó desapercibida. Para sus críticos, no se trata de una propuesta innovadora, sino de la importación de una narrativa que, lejos de pacificar, ha sido señalada por generar vacíos de autoridad y permitir el fortalecimiento de grupos delictivos.
“El problema no es el discurso, sino la falta de resultados”, señalan analistas, quienes advierten que replicar modelos sin evaluar sus efectos puede resultar riesgoso en países que enfrentan desafíos similares en materia de seguridad.
Y es que, mientras se insiste en el enfoque de la “suavidad” frente al crimen, los hechos parecen contar otra historia: cuando el Estado reduce su capacidad de confrontación, quienes ocupan ese espacio suelen ser los propios grupos violentos.
Así, el cierre de campaña de Belmont no solo marca el tono de su propuesta en seguridad, sino que reabre un debate regional: ¿puede una estrategia basada en la contención social, sin el respaldo firme del Estado, hacer frente al crimen organizado?
Para muchos, la respuesta ya se ensayó… y los resultados están lejos de ser un ejemplo a seguir.
