En una funeraria de Guadalajara, bajo un despliegue militar inusual, se reportó el presunto velorio de “El Mencho”, alias de Nemesio Oseguera Cervantes, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La escena, más allá de la veracidad o no de los rumores sobre su muerte, deja una pregunta inquietante: ¿qué mensaje envía el Estado cuando un evento vinculado a una figura del crimen organizado ocurre bajo resguardo de fuerzas federales?
Las imágenes que circularon muestran presencia de la Guardia Nacional y de elementos militares en las inmediaciones. El argumento oficial suele ser el mismo: prevenir enfrentamientos, mantener el orden, evitar violencia. Sin embargo, la percepción pública es otra. Para muchos ciudadanos, el despliegue no pareció orientado a garantizar justicia, sino a contener cualquier alteración mientras personajes presuntamente ligados a actividades criminales acudían sin ser molestados.
Ahí es donde comienza el problema político.
Porque en un país marcado por masacres, desapariciones y cobros de piso, la sola imagen de un funeral custodiado por fuerzas del Estado —cuando las víctimas rara vez reciben esa protección— resulta devastadora. No se trata de negar el derecho de una familia a despedir a un ser querido. Se trata de la contradicción simbólica: soldados vigilando mientras figuras asociadas al terror social se reúnen, y ninguna detención visible pese a que, según versiones difundidas, algunos asistentes tendrían cuentas pendientes con la justicia.
El gobierno federal, primero bajo Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, ha sostenido una narrativa de combate a las causas y contención de la violencia. Pero la percepción ciudadana no se construye con discursos, sino con imágenes. Y la imagen de un presunto líder criminal despedido bajo resguardo oficial erosiona la confianza pública.
Más delicado aún es el terreno de las insinuaciones. En redes sociales abundan versiones que afirman protección política, pactos inconfesables o incluso teorías sobre silencios convenientes. No existen pruebas públicas que sostengan tales afirmaciones, pero el vacío de información oficial alimenta la sospecha. Cuando el Estado calla, la especulación ocupa su lugar.
La pregunta de fondo no es si un velorio equivale a amnistía. La pregunta es por qué, en un país donde miles de órdenes de aprehensión siguen sin cumplirse, no vimos operativos dirigidos a ejecutar la ley si había personas buscadas presentes. Si no las había, corresponde aclararlo con firmeza. La transparencia desactiva rumores; la opacidad los multiplica.
México no necesita espectáculos de fuerza; necesita coherencia institucional. Si el mensaje es que nadie está por encima de la ley, debe aplicarse sin excepciones, sin cálculos políticos y sin zonas grises. Porque cuando el poder parece inclinarse ante quienes sembraron miedo, el daño no es sólo simbólico: es moral.
Y la moral pública, cuando se erosiona, tarda décadas en reconstruirse.
