El coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, criticó las declaraciones de la titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, al señalar que dicha instancia no lleva la investigación del asesinato del matrimonio Tello Ruiz y calificó como desafortunadas sus afirmaciones.
En conferencia de prensa, el funcionario subrayó que la indagatoria corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, y no a la autoridad poblana.
“¿Cómo puede la fiscal de Puebla informar algo que no está investigando ella? La investigación la realiza Tlaxcala y en ninguna de las líneas se refiere a delincuencia organizada”, sostuvo.
Es de informar que la fiscal informó que la línea de investigación es por una deuda entre particulares, y la delincuencia organizada participación porque hay más de 5 implicados en el caso.
Martínez Velázquez pidió esperar la información oficial que emitirá la Fiscalía de Tlaxcala una vez que las personas detenidas sean vinculadas a proceso.
Afirmó que ninguna de las líneas de investigación abiertas contempla el delito de delincuencia organizada y consideró importante aclararlo para evitar confusión y “ruido innecesario”.
El vocero señaló que la Fiscalía tlaxcalteca no actúa bajo presión mediática y que las investigaciones deben sustentarse en peritajes y pruebas, no en filtraciones ni especulaciones.
“Evidentemente se debe procurar justicia y cero impunidad, ese es el compromiso, pero eso no quiere decir que ante filtraciones o presión mediática se hagan declaraciones sobre un tema que no corresponde a otra instancia”, expresó.
Asimismo, desmintió versiones que circulan en redes sociales sobre supuestos vínculos de los detenidos con la familia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al señalar que dichas afirmaciones “forman parte de la ciencia ficción”.
Finalmente, reiteró que será la Fiscalía de Tlaxcala la que informe oportunamente sobre la situación jurídica de los detenidos y las líneas de investigación, una vez que se formalicen las vinculaciones a proceso, a fin de no afectar el debido proceso.
