Ciudad de México. — México enfrenta presión internacional tras la reforma judicial impulsada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara un plazo de cuatro meses al Estado mexicano para responder sobre los alcances de dicha modificación.
El requerimiento del organismo internacional se da en medio de cuestionamientos sobre posibles afectaciones a la independencia judicial y al equilibrio de poderes en el país.
De acuerdo con lo señalado, la CIDH busca que el gobierno mexicano explique los fundamentos, implementación e impactos de la reforma, así como las garantías para proteger los derechos humanos dentro del nuevo esquema.
Este proceso coloca a México bajo observación internacional, en un contexto donde diversas voces han advertido riesgos institucionales derivados de los cambios en el sistema de justicia.
Hasta el momento, autoridades federales no han detallado la ruta de respuesta ante el organismo.
