Puebla, Pue. — A través de redes sociales comenzó a circular una denuncia pública que señala la existencia de un presunto esquema de corrupción al interior de la Policía Municipal de Puebla, administración encabezada por José Chedraui Budib, relacionado con el uso irregular de vales de gasolina y la simulación operativa de patrullas.
En el documento, dirigido a autoridades federales y estatales como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alejandro Armenta Mier y el titular de Seguridad federal Omar García Harfuch, se acusa que dentro de la corporación existe un mecanismo denominado “huachicol interno”, mediante el cual se reportan cargas de combustible a unidades que en realidad no están en operación.
Según la denuncia, varias patrullas aparecen activas en registros oficiales, pero en los hechos se encuentran fuera de servicio o en condiciones inadecuadas. No obstante, se documentan cargas diarias de hasta 65 litros de gasolina por unidad —conocidas como “vacas”— lo que generaría un beneficio económico estimado en alrededor de 5 mil 500 pesos semanales por cada vehículo.
El señalamiento también advierte una presunta colusión con despachadores de gasolineras, quienes recibirían pagos indebidos para facilitar la operación del esquema.
Además, se menciona a diversos mandos y personal operativo que presuntamente estarían involucrados o tendrían conocimiento de estas prácticas, así como irregularidades en el control de parques vehiculares y en la supervisión de regiones policiales.
Otro de los puntos expuestos es el supuesto desmantelamiento de unidades en talleres clandestinos ubicados en colonias como Miguel Hidalgo y Xonacatepec, donde —según la denuncia— mecánicos externos operarían con uniformes oficiales para evitar sospechas.
Ante estos hechos, los denunciantes —quienes se identifican como ciudadanos y elementos honestos de la corporación— exigieron la intervención inmediata de instancias de control interno, auditorías externas a las bitácoras de combustible y la verificación del estado real de las unidades.
Asimismo, solicitaron la destitución y sanción de los mandos que resulten responsables, al considerar que estas prácticas afectan directamente la seguridad pública al reducir la capacidad operativa de la policía.
Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido una postura oficial respecto a estas acusaciones.
