Elementos operativos adscritos al área de Movilidad y Transporte del estado denunciaron presuntos actos de corrupción, abusos de autoridad e irregularidades dentro del área de Vialidad, actualmente sectorizada a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla.
A través de una carta abierta dirigida al gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, así como a medios de comunicación y a la ciudadanía, el personal manifestó su preocupación por una supuesta red de corrupción que, aseguran, opera bajo el mando del comandante Jaime Oropeza González.
En el documento, los denunciantes señalan presuntos cobros indebidos de entre 40 y 50 mil pesos por el otorgamiento de plazas a cerca de 350 elementos. Además, aseguran que se exige el pago de cuotas diarias de entre 500 y 1,000 pesos por unidad, lo que presuntamente representaría ingresos de hasta un millón de pesos semanales.
También expresaron preocupación por presuntos vínculos del mando señalado con grupos delictivos, al mencionar que en grabaciones difundidas públicamente se le acusa de brindar protección a células criminales, situación que, afirman, pone en riesgo la seguridad de los elementos y de la población.
Entre otras irregularidades, el personal denunció la designación de “jefes de grupo” sin trayectoria policial ni perfil jurídico adecuado, así como jornadas laborales que van de 16 a 18 horas diarias, con apenas un día de descanso tras 15 días de trabajo continuo.
Asimismo, indicaron que la capacitación recibida fue mayoritariamente en línea y con solo dos semanas presenciales en la academia de policía estatal, lo que consideran insuficiente para desempeñar labores de seguridad y vialidad.
En la carta también se acusa que a los elementos se les exige pagar “cooperaciones” de mil pesos por unidad para cubrir deducibles de seguros en caso de incidentes viales, gasto que, señalan, debería ser responsabilidad de la dependencia.
Ante esta situación, los denunciantes solicitaron la intervención inmediata del Órgano Interno de Control para investigar el patrimonio de los mandos señalados y el destino de los recursos presuntamente recaudados de forma ilegal. También pidieron la destitución y auditoría del comandante señalado y su equipo cercano.
Finalmente, los firmantes —quienes se identificaron como personal operativo de Movilidad y Transporte del estado— señalaron que realizan la denuncia de manera pública por temor a represalias, pero con la expectativa de que las autoridades estatales atiendan las irregularidades señaladas.
