Puebla, Pue.- La ofensiva mediática encabezada por la diputada del Partido Acción Nacional, Susana Riestra Piña, contra el secretario general del Congreso del Estado de Puebla, Leopoldo de Lara, ha generado críticas dentro y fuera del Poder Legislativo, donde se señala que la legisladora intenta convertir un tema jurídico en un escándalo político para mantenerse en la agenda pública.
La polémica surgió luego de que la panista acusara a la Secretaría General del Congreso de no informar oportunamente sobre una controversia constitucional presentada por el Gobierno de México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Sin embargo, diversas voces han señalado que este tipo de controversias forman parte del proceso institucional entre poderes, por lo que exigir renuncias y magnificar el tema responde más a una estrategia de confrontación política que a una preocupación genuina por mejorar los procesos administrativos del Congreso.
Además, el propio desempeño legislativo de la diputada ha sido puesto en duda. De acuerdo con registros del trabajo parlamentario, Susana Riestra Piña ha presentado 49 iniciativas durante su gestión, de las cuales únicamente 2 han sido aprobadas, lo que para algunos actores políticos refleja una baja efectividad legislativa.
En contraste, el presidente del Poder Legislativo, Pavel Gaspar Ramírez, respaldó el actuar del secretario general y destacó su trayectoria dentro del Congreso.
“El secretario general es un hombre muy preparado, fue legislador en la LIV Legislatura y conoce el Congreso. Todos los que formamos parte de esta institución venimos con mucho cariño para construir los marcos jurídicos en beneficio de los poblanos. Los aciertos del secretario Leopoldo de Lara son muchísimos; corregiremos algunos temas”, afirmó el legislador.
Por su parte, funcionarios y legisladores han defendido el trabajo de Leopoldo de Lara, al señalar que la Secretaría General cumple una función técnica y administrativa dentro del Poder Legislativo y que no puede ser utilizada como blanco político por disputas partidistas.
Finalmente, al interior del Congreso del Estado de Puebla se ha señalado que lo responsable es permitir que la controversia jurídica siga su curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evitando convertir un procedimiento legal en un instrumento de desgaste político impulsado por la oposición.
