La reciente declaración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el combate al narcotráfico muestra, una vez más, la debilidad de la estrategia federal: “Si ellos no quieren que estemos ayudando a pasar drogas de México a USA, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas a México”, dijo.
Lo que debería ser una postura de responsabilidad y acción clara se convierte en un mensaje de evasión. La mandataria parece trasladar la culpa de la violencia en México directamente a Estados Unidos, ignorando que es su propio gobierno el encargado de garantizar seguridad, investigar a los cárteles y proteger a los ciudadanos. No hay “cooperación internacional” que justifique la inacción local frente a homicidios, extorsiones y secuestros diarios.
El argumento de Sheinbaum es, además, políticamente riesgoso: sugiere que México no tiene capacidad para controlar el tráfico de drogas ni la violencia generada por las armas que cruzan la frontera. En un país donde las calles se han convertido en un campo de batalla, hablar de “cooperación” como excusa para la impunidad es una señal alarmante de la desconexión del gobierno con la realidad.
El crimen organizado no espera acuerdos diplomáticos; actúa con brutalidad mientras el Estado parece debatirse entre la retórica y la acción. Culpar a Estados Unidos por la entrada de armas no fortalece la estrategia de seguridad: la debilita, erosiona la confianza ciudadana y deja claro que el gobierno federal sigue jugando a la política mientras los mexicanos pagan el precio de su falta de liderazgo.
Si Sheinbaum y su administración realmente quisieran avanzar en la lucha contra el narcotráfico, el primer paso sería asumir la responsabilidad propia y actuar, en lugar de buscar pretextos en la frontera norte. La violencia exige acción, no discursos de justificación.
