Para reforzar la estrategia coordinada de seguridad en la zona limitrofe Puebla – Tlaxcala, en el marco de la estrategia nacional, los gobernadores de ambas entidades encabezaron la Mesa de Inteligencia.
Durante la sesión se ratificó la coordinación operativa e institucional entre autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas, priorizando acciones estratégicas de prevención, inteligencia y reacción.
Respecto al caso de Karina N. y Alexandro N., las autoridades estatales reiteraron la colaboración plena entre ambas entidades, con apego estricto al debido proceso y en coordinación con las instancias ministeriales competentes, con el compromiso compartido de aportar lo pertinente para esclarecer los hechos y en consecuencia llevar a los responsables ante la justicia.
A dicha mesa de trabajo encabezada por Lorena Cuellar Cisneros y Alejandro Armenta, asistieron mandos de seguridad nacional, como: Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante interino de la VI Región Militar; Francisco Antonio Enríquez Rojas, comandante de la 25° Zona Militar; Héctor Francisco Morán González, jefe de Estado Mayor de la 6° Región Militar; José Martín Luna de la Luz, coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Centro; Isidro Revilla Castañeda, comandante del Mando Especial Cero Robos Autopista México-Puebla y Representantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Por parte del Gobierno del Estado de Puebla acompañaron: Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación. José Luis García Parra, coordinador de Gabinete; Vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública; Idamis Pastor Betancourt, fiscal General del Estado.
Y en representación del estado de Tlaxcala: José Mario Vega Hernández, comandante de la 23 Zona Militar; Raúl Martínez González, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno; Alberto Martín Perea Marrufo, secretario de Seguridad Ciudadana y Ernestina Carro Roldán fiscal General de Justicia del Estado.
La Mesa de Inteligencia Interestatal consolida los mecanismos de cooperación entre los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como con las instancias federales, para garantizar condiciones de seguridad, legalidad y estabilidad en la región.
