La reciente ola de violencia en Puebla, orquestada por el temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la presunta muerte de su líder Nemesio Oseguera, “El Mencho”, desnuda una vez más la incapacidad política del gobierno federal para enfrentar la crisis de seguridad que consume al país.
Los incendios de tiendas, la quema de unidades de transporte y los bloqueos en carreteras no son simples actos criminales aislados: son el resultado de un Estado ausente, que mira con indiferencia cómo el crimen organizado impone el terror a la población. En lugar de dar la cara, la presidenta Claudia Sheinbaum se escuda tras el silencio, desviando la responsabilidad hacia un Gabinete de Seguridad que no logra frenar el derramamiento de sangre ni garantizar la paz.
La muerte de “El Mencho”, presumiblemente resultado de un operativo federal con apoyo estadounidense, debería ser motivo de celebración política y un punto de inflexión para la seguridad nacional. Sin embargo, lejos de aprovechar ese momento, el gobierno opta por la opacidad y la evasión, sin ofrecer un plan claro para contener las represalias ni para restaurar la confianza ciudadana.
La violencia en Puebla es también una radiografía del fracaso político que ha permitido que los cárteles se fortalezcan y desafíen al Estado sin consecuencias reales. Los discursos vacíos y las declaraciones tibias ya no convencen a nadie; la ciudadanía demanda liderazgo, acciones contundentes y resultados palpables.
Si el gobierno federal no sale de su letargo y deja de proteger su narrativa, la violencia seguirá ganando terreno, mientras Puebla y otras regiones se hunden en un ciclo sin fin de miedo e inseguridad.
El país no puede permitirse más silencios ni excusas. La hora de la responsabilidad política y la acción decidida es ahora.
