Puebla, Pue.– En medio de una escalada de violencia y versiones alarmantes sobre consumo de fentanilo entre menores, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) lanzaron acusaciones de encubrimiento y exigieron destrabar iniciativas en materia de seguridad; sin embargo, su postura ocurre bajo la sombra de señalamientos que también alcanzan a figuras del propio partido.
Desde tribuna, la diputada Susana Riestra Piña lanzó un llamado frontal ante lo que calificó como una parálisis legislativa injustificable. Enumeró hechos violentos registrados en distintos puntos del estado, incluida la zona de Angelópolis, y advirtió que la burocracia no puede seguir siendo excusa mientras la inseguridad golpea a las familias poblana.
“Es momento de que el Congreso dé una y trabaje por la seguridad y la paz social”, sostuvo, al exigir voluntad política para avanzar en propuestas que, afirmó, fortalecerían la estrategia contra la delincuencia.
En el mismo tono, el diputado panista Rafael Micalco acusó la intención de minimizar o esconder hechos graves, como el presunto consumo de tamales con fentanilo y la ejecución de tres personas en el bar El Despecho. Subrayó que estos casos deben investigarse a fondo y que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad, aun cuando existan dictámenes de carácter privado.
No obstante, mientras el PAN denuncia omisiones y posible encubrimiento en materia de seguridad, también enfrenta cuestionamientos internos y externos por presuntos vínculos de figuras panistas con grupos delictivos.
Entre los señalamientos que han escalado en el debate político se encuentran las acusaciones públicas contra el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, a quien diversas voces han intentado vincular con el grupo delictivo conocido como “La Barredora”. Asimismo, se han reavivado críticas por hechos ocurridos durante su administración, cuando presuntamente se registró una irrupción violenta en un fraccionamiento, donde vecinos denunciaron agresiones y vulneración de su seguridad para llegar al entonces alcalde.
Hasta el momento, ninguna de estas acusaciones ha derivado en una resolución judicial que determine responsabilidades. Sin embargo, el cruce de señalamientos coloca al PAN en una posición incómoda: exige transparencia y firmeza frente a la inseguridad, mientras carga con cuestionamientos que también demandan investigaciones imparciales y rendición de cuentas.
En un estado donde la seguridad pública se mantiene como la principal preocupación ciudadana, el debate ya no solo es sobre quién acusa, sino sobre quién responde con hechos y quién está dispuesto a someterse al mismo escrutinio que exige.
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