“Todas las personas que tengan interés en seguir prestando el servicio público serán escuchadas de manera individual; no atenderemos organizaciones de presión, ni seudo representantes, mucho menos extorsionadores que han encontrado en el transporte su mina de oro perjudicando al legítimo concesionario”, anunció la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio.
Señaló que la normatividad también se aplicará a plataformas de taxis ejecutivos.
Ratificó no hay prórroga en la revista vehicular en el marco del Programa Integral de Reordenamiento y Modernización del Transporte Público, el cual, dijo, “es una intervención sin precedente en la última década, con la que se ha comenzado a transformar de manera ordenada, transparente y responsable, un sistema que durante años permaneció en el abandono”.
Subrayó que los objetivos son mejorar la movilidad en Puebla, mediante acciones concretas que fortalecieran la legalidad, la seguridad vial y la calidad del servicio, pero también brindar un acompañamiento real a concesionarios y permisionarios para regularizarse y modernizar el parque vehicular.
Repasó que se otorgaron estímulos fiscales, tales como, la eliminación de adeudos acumulados por pago de derechos, así como que, al cubrir el ejercicio 2025 se cancelaron adeudos generados durante años, permitiendo que miles de transportistas regularizaran su situación sin cargas desproporcionadas, dejando de percibir desde luego estos recursos el Estado.
Además, se estableció el costo cero en los trámites de cambio de vehículo, sesión de derechos y sesión de derechos con cambio de vehículo, procedimiento que anteriormente representaba un costo aproximado de 34 mil pesos, dejando de percibir más de 46 millones en la primera etapa el Estado.
Añadió que, en cuanto a la regulación y la equidad, se homologaron los requisitos entre taxis y plataformas digitales como Uber y Didi, una demanda de muchos años que permitió establecer un piso parejo, con lo que ahora más de 10 mil choferes de plataformas ahora deben certificarse y cumplir los mismos requisitos que el servicio mercantil de taxi.
Informó que, a través de la revista vehicular, se atendieron 21 mil 780 trámites, verificando condiciones mecánicas, seguridad y estándares mínimos de operación, encontrándose concesionarios fallecidos, vehículos que habían perdido vigencia desde hace años y pagos no realizados, pero que seguían formando parte del padrón vehicular.
Señaló que esto implica una responsabilidad administrativa que en su momento se hará del conocimiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que haga lo procedente con quienes resulten responsables por no haber realizado esta depuración desde hace más de 12 años.
Derivado de esta revisión, el padrón actual es de 24 mil 730 concesionarios y permisionarios.
Repasó 16 mil 514 concesionarios realizaron la revista vehicular, 3 mil 321 participaron en el censo, lo que representa un total de 21 mil 786 trámites de concesionarios cumplidos.
En contraste, 3 mil 137 vehículos no presentaron la revista, a pesar de tener pagos al corriente y vehículos vigentes, por lo que, en estricto apego a la ley, las 3 mil 137 concesiones que no realizaron la revista deberían ser revocadas.
Sin embargo, acotó, por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta y en un acto de sensibilidad y justicia hacia los transportistas cumplidos, se permitirá que estas personas realicen la revista vehicular pagando la infracción correspondiente. Insistió que “no es una prórroga. No vamos a premiar el incumplimiento. Vamos a sancionar a quienes teniendo todo pensaron que no iba a pasar nada y que no iba a haber consecuencia alguna”.
Anunció que a partir del 3 de febrero podrán acudir a la dependencia a pagar su multa para que después acudan al estadio Cuauhtémoc a realizar este trámite y posteriormente recoger sus placas en la secretaría de Movilidad y Transporte. Insistió que, “no se trata de una prórroga, sino de un gesto de buena voluntad para evitar pérdida de concesiones”.
Advirtió que quien no acuda voluntariamente se enfrentará a la sanción máxima, es decir, 165 UMAS ($19 mil 356.15) si se presentan directamente ante la secretaría y 245 UMAS (28 mil 740.95 pesos) si es detenido en operativo.
“El resultado será cumplir o perder la concesión. No es perjudicar por perjudicar, es ordenar, mejorar el transporte y aplicar la ley en beneficio de los usuarios”.
Anunció también el inicio de los operativos estratégicos de verificación en distintos puntos de la ciudad y del estado de manera permanente y focalizada en las zonas con mayor incidencia de irregularidades.
Así, desde hoy, las unidades que no cuenten con placas actualizadas, documentación vigente o que no hayan cumplido con los procesos establecidos serán retiradas de circulación y se procederá a la revocación de la concesión conforme a la ley, dio a conocer.
