La reducción de la jornada laboral a 40 horas no es una conquista histórica. Es populismo legislativo vendido con moño, aplausos y discursos grandilocuentes desde el confort de una curul. Y los diputados que hoy la promueven lo saben, aunque prefieran fingir que no.
Maiella Gómez Maldonado y el bloque que respalda esta reforma repiten como mantra que no se tocarán salarios ni prestaciones. Lo dicen una y otra vez, como si repetirlo lo volviera verdad. Pero en el mundo real —no en el PowerPoint legislativo— trabajar menos y pagar lo mismo cuesta dinero. Y ese dinero no lo pone el gobierno, lo ponen las empresas… o desaparecen.
Hablan de “diálogo social” y presumen más de 40 mesas de trabajo. ¿Resultado? Ninguno concreto. No hay un plan fiscal serio, no hay estímulos claros, no hay apoyo real para las micro y pequeñas empresas que sostienen el empleo en este país. Solo hay una promesa vaga de que “hacia 2030” todo estará bien. La política del “ahí luego vemos”.
Los diputados oficialistas venden esta reforma como si México fuera Alemania, ignorando que aquí más del 55% de los trabajadores vive en la informalidad. Ignoran que miles de negocios apenas sobreviven pagando renta, nómina, seguridad social, extorsiones y ahora, además, la presión de contratar más personal para cubrir las horas que el Congreso decidió recortar desde el escritorio.
¿De verdad creen que esto no provocará despidos?
¿Que no incentivará la simulación?
¿Que no empujará a más patrones a la informalidad?
La respuesta es incómoda, pero evidente: sí lo saben, solo que no les importa. Porque el costo político de no aprobar la reforma es mayor que el costo económico que pagarán otros. Ellos ya cobraron su aplauso, su titular y su narrativa de “defensores del pueblo”.
Mientras tanto, los verdaderos problemas laborales siguen intactos: salarios insuficientes, jornadas abusivas disfrazadas, inspecciones laborales inexistentes y sindicatos que solo sirven al poder. Pero eso no da votos, no da likes y no da discursos emotivos.
La reforma de las 40 horas no es justicia laboral. Es una apuesta ideológica hecha sin responsabilidad económica. Y cuando empiecen los cierres de negocios, los recortes y el crecimiento del empleo informal, los mismos diputados que hoy se cuelgan la medalla dirán que “no era la intención”.
Nunca lo es.
