• Aclara que la base de datos queda bajo resguardo exclusivo de las telefonías y no del Gobierno; no se solicitan datos biométricos
La diputada Claudia Rivera Vivanco hizo un llamado urgente a la ciudadanía para fortalecer la estrategia de seguridad nacional mediante la vinculación de las líneas telefónicas a la Clave Única de Registro de Población (CURP), señalando que esta medida es un paso decisivo para erradicar el anonimato que actualmente protege a la delincuencia organizada.
Basada en las cifras reportadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la legisladora destacó que, durante el 2024, en México 7.4 millones de personas fueron víctimas de extorsiones, de las cuales el 90 por ciento se ejecutaron a través de llamadas telefónicas, un problema que afecta directamente a la tranquilidad de las familias mexicanas.
La también integrante del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que el principal obstáculo para la justicia es que, hoy en día, el 85 por ciento de las líneas operan de forma anónima, lo que impide que las autoridades de investigación y el Ministerio Público puedan identificar a quienes utilizan estos dispositivos para cometer fraudes y amenazas.
Ante este escenario, la secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción enfatizó que la seguridad de todas y todos depende de que cada línea esté correctamente identificada y asociada a una persona física o moral, permitiendo así que la autoridad actúe con eficacia cuando se inicie una carpeta de investigación por algún delito.
Con el objetivo de brindar total transparencia y calma a los usuarios, la diputada por Puebla precisó que el proceso de registro se realiza directamente ante las compañías telefónicas y no ante instancias gubernamentales. Fue clara al señalar que el Gobierno no tiene acceso a esos datos, no posee una base de datos centralizada, ni resguarda información sensible o biométrica.
Los datos recabados, que se limitan al nombre, CURP y número telefónico, permanecen bajo el resguardo de las propias empresas prestadoras del servicio, y solo podrán ser solicitados por una autoridad judicial bajo los términos estrictos del Código Nacional de Procedimientos Penales en caso de investigaciones criminales, detalló.
Claudia Rivera celebró la respuesta ciudadana que, en menos de una semana, ha logrado el registro de más de 2 millones de celulares, lo que refleja un compromiso social por cerrar el paso a la impunidad.
Finalmente, reiteró que este trámite es una medida de protección personal y colectiva, exhortando a la población a acudir con su compañía telefónica —ya sea AT&T, Telcel o cualquier otra— para cumplir con este objetivo de seguridad, asegurando que identificar las líneas es la única vía para quitarles a los delincuentes la herramienta con la que pretenden amedrentar a la sociedad.
