Al mencionar que en el Congreso del Estado de Puebla se discutirá la Ley Inmobiliaria del Estado de Puebla, el presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), César Bonilla Yunes, destacó que con esta iniciativa se prevé que con base en la regulación se terminen los fraudes del sector que dañan el patrimonio de las familias.
“Dentro de la Ley Inmobiliaria estamos solicitando también la modernización del Registro Público y una correcta supervisión de las operaciones que ahí se realizan. Esta petición se la hicimos al gobernador en una reunión que tuvimos hace un par de meses, y se comprometió a que este año habrá una modernización del Registro Público, la cual va aunada a la legislación de la actividad inmobiliaria, precisamente para poder combatir este tipo de delitos”, dijo.
Por su parte Carolina León, presidenta del sector inmobiliario del COE, destacó que en Puebla, en la zona metropolitana, se tiene un estimado de que existen cerca de 8 mil inmobiliarios. Sin embargo, de esos únicamente alrededor de 2 mil están realmente establecidos, regulados y certificados; aun así, siguen siendo muchos. El resto son personas improvisadas.
“Muchos ni siquiera entregan identificación alguna. Sin embargo, hoy se están entregando documentos de gran valor, como son los inmuebles. Por eso es fundamental que se identifique plenamente al inmobiliario, que cuente con un domicilio fiscal, que esté dado de alta ante el SAT y, de preferencia, que pertenezca a alguna asociación, ya que así es más fácil localizarlo”, refirió.
Bonilla Yunes planteó la importancia de la participación de la Secretaría de Economía para la creación de un padrón de prestadores de servicios inmobiliarios, que permita identificar y regular a quienes ofrecen inmuebles en plataformas digitales y bolsas inmobiliarias. Con este mecanismo, se podría exigir a las plataformas retirar anuncios de personas no registradas.
Asimismo, destacaron que un Registro Público moderno permitiría eliminar las dobles partidas registrales, una de las principales fuentes de conflicto en operaciones inmobiliarias, con lo que se avanzaría significativamente en el cierre del ciclo de irregularidades.
Finalmente, subrayaron la necesidad de auditar y supervisar al Poder Judicial en casos donde se detecten resoluciones inusualmente rápidas, a fin de evitar abusos y garantizar responsabilidades, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.
