Esta reforma, aprobada en la Cámara de Diputados en la madrugada de este miércoles, va en contra de tratados internacionales tales como el Acuerdo de Escazú, y se presta a fines gubernamentales únicamente.
La ley de amparo, creada por primera vez en 1861 y actualizada en 2013, volvió a sufrir modificaciones tras la aprobación en lo particular de la reforma en el Congreso de la Unión. Esta aprobación, emitida en la madrugada de este miércoles, ha ocasionado múltiples críticas y preocupaciones, a las que la IBERO Puebla se suma desde sus áreas expertas.
Simón Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Jesuita, expresó que la reciente reforma representa un retroceso considerable para el país en materia de derechos humanos y de control constitucional.
Desde la perspectiva universitaria, la reforma se inscribe en un proceso de cambio en el diseño del Estado mexicano, caracterizado por la concentración de funciones en el Poder Ejecutivo y la reducción de contrapesos institucionales, incluidos los organismos autónomos y el Poder Judicial.
El académico destacó dos puntos principales de preocupación. El primero se refiere al interés legítimo, pues la nueva legislación exige demostrar una “lesión jurídica real” y un “beneficio cierto”, lo cual restringe la posibilidad de que comunidades, personas defensoras o periodistas interpongan amparos.
El segundo aspecto crítico es la figura de la suspensión, a la que se añadió el concepto de ‘interés público’. Según el Mtro. Hernández León, este criterio ha sido utilizado históricamente para justificar decisiones gubernamentales, incluso en detrimento de los derechos de la sociedad.
La propuesta elaborada desde la IBERO Puebla y la IBERO Ciudad de México, explicó, consiste en mantener la apreciación libre del interés jurídico por parte de los jueces y fortalecer la suspensión mediante figuras como la tutela anticipada, con el fin de garantizar una protección rápida y efectiva de los derechos humanos.
El coordinador alertó que, en el contexto actual, las reformas podrían derivar en resoluciones judiciales orientadas por intereses políticos o económicos, particularmente en torno a los megaproyectos considerados estratégicos por la administración federal, aun cuando estos resulten regresivos o contrarios a estándares internacionales.
Finalmente, Simón Hernández informó que la IBERO Puebla, junto con otras universidades públicas y privadas, ha impulsado la creación de un Observatorio Judicial, cuyo propósito será evaluar con rigor técnico y criterios objetivos la calidad de la justicia y la garantía de los derechos humanos a partir de las reformas recientes. Los resultados de este esfuerzo académico serán presentados en los próximos meses.
