El gobernador Alejandro Armenta anunció que retirar la concesión del servicio de agua potable a la empresa Agua de Puebla para Todos tendría un costo de 10 mil millones de pesos, lo cual calificó como inviable.
En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que actualmente se trabaja para que la concesión realmente beneficie a las y los poblanos.
Explicó que, aunque muchas personas piden la cancelación del contrato, en su momento —cuando se otorgó— nadie se manifestó en contra.
“Todo mundo calladito, mientras hacían el negocio del saqueo con la concesión de agua. El silencio es complicidad”, afirmó.
Armenta enfatizó que llegará el momento en que el Gobierno de Puebla, la Conagua y el Poder Judicial se sienten a dialogar con la empresa, para que invierta lo que está obligado a invertir.
“Con la complicidad de gobiernos anteriores y de integrantes del Poder Judicial, Agua de Puebla no invirtió; esa es la realidad. Se amparaban con sus socios en el gobierno y en el Poder Judicial”, subrayó.
El gobernador precisó que no es posible cancelar la concesión “por decreto”, por lo que se requiere actuar con estrategia y responsabilidad.
Aseguró que tiene claros los pasos a seguir y que el compromiso de su administración, en el marco de la Cuarta Transformación, será garantizar el respeto al medio ambiente.
Recordó que este es un tema del Poder Judicial, y aunque ya no está Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte, dejó procesos pendientes por más de 3 mil millones de pesos.
“Estoy seguro que si hiciéramos un procedimiento, la SCJN actuaría distinto a como lo hizo la corrupta señora Piña, que avaló litigios por obras inexistentes”, acusó.
Finalmente, agregó que el Gobierno del Estado exigirá a la empresa concesionaria cumplir con las inversiones necesarias para garantizar un servicio de calidad.
