En Puebla, la indignación y el miedo se han instalado en la comunidad educativa del Instituto D’Amicis, en Momoxpan. Padres de familia levantaron la voz tras la incorporación de Axel, un estudiante de secundaria señalado en redes y medios por su presunta relación con el homicidio de una profesionista argentina en Lomas de Angelópolis hace apenas tres meses. Señalamientos confirmados por la Fiscalía.
La reacción no se hizo esperar: varios tutores se negaron a enviar a sus hijos a clases hasta que la institución rectifique y dé de baja al alumno. Lo que está en juego no es un capricho, sino la seguridad y la tranquilidad de cientos de niñas, niños y adolescentes que hoy conviven en un ambiente cargado de incertidumbre y temor.
La carta difundida por los padres es clara: la escuela tiene la obligación legal y moral de garantizar un entorno libre de violencia, como lo marcan la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero mientras la teoría es contundente, la realidad es más cruda: familias enteras viven con la angustia de que el espacio que debería proteger y educar a sus hijos se convierta en un terreno de riesgo.
