El síndico de San Pedro Cholula, Iván Cuautle anunció que interpondrá denuncias penales contra diversos funcionarios de la administración municipal, incluyendo al contralor, por presuntos desfalcos, uso indebido de funciones y obstrucción de labores, tras ser separado del cargo por decisión del cabildo a quien acusó de recibir sobornos.
En entrevista realizada en el Congreso del Estado, donde participó en un foro —y negó acudir para cabildear en contra de su destitución—, Cuautle aseguró que ha identificado diversas irregularidades financieras y administrativas que, aseguró, motivaron la campaña en su contra.
“Uno de los temas más graves que he detectado es un desfalco de 20 millones de pesos por un juicio que ni siquiera está perdido. En caso de que se confirmara alguna responsabilidad, no me corresponde sólo a mí, ya que la Sindicatura no tiene presupuesto para enfrentar ese tipo de obligaciones del municipio”, señaló.
Agregó que también ha identificado un déficit fiscal reciente de 9.5 millones de pesos, del cual —dijo— no se ha informado públicamente, así como un uso discrecional de recursos para conceptos no prioritarios.
El síndico acusó directamente a la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, de operar una campaña en su contra para lograr su remoción, mediante supuestos sobornos a regidores y beneficios personales. “Se filtró que paga facturas de comida, que otorga descuentos ilegales a regidores como Roberto Morán, y que ha hecho un uso indebido del poder al sellar mis oficinas, cortar la luz y obstaculizar mi función pública”, denunció.
Cuautle subrayó que actuará legalmente ante estas acciones, ya que considera que su destitución es una represalia por oponerse a irregularidades al interior del ayuntamiento.
Adelantó que presentará las denuncias correspondientes por uso indebido de funciones, obstrucción de la Sindicatura y por diversas anomalías detectadas en el manejo de recursos públicos.
Finalmente, negó haber colocado aparatos para grabar a otras personas, como se le ha acusado, y calificó esa versión como una ‘caja china’ promovida desde la administración de Tonantzin Fernández.
