Tras revelar que su antecesora María Teresa Castro Corro y un subsecretario, fueron denunciados por desvió de recursos por el caso Accendo, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Josefina Morales García dejó en claro que no se están lavando las manos, pues denunciaron en tiempo y forma.
Durante su comparecencia ante la comisión de hacienda del Congreso del Estado como parte del último informe de labores, precisó que la recuperación del dinero no se encuentra en manos de la autoridad estatal sino de la judicial, donde se interpuso la denuncia por faltas a la ley de la general de contabilidad gubernamental, una vez que identificaron el faltante.
También explicó que Puebla se encuentra en el lugar 400 para recuperar los 600 millones de pesos invertidos durante la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta en el Banco Accendo, que quebró meses después.
Lo anterior ante los cuestionamientos de la diputada del PRI, Delfina Pozos, quien aseguró que la 4T sólo busca chivos expiatorios, y lamentó que las y los poblanos pagarán las consecuencias.
La funcionaria explicó que no han sido omisos debido a que existe una denuncia de hallazgos, por lo que sólo esperan que se actué conforme a la ley, sin que ello signifique buscar culpables
“Se han hecho las acciones en apego a la normatividad, la decisión y recuperación no está en manos de una autoridad estatal sino judicial federal. No podemos ser omisos, una instrucción es hacer una revisión de lo que encontramos en la recepción, no buscamos culpables sino una denuncia de hallazgos, no hay omisión, se han hecho las acciones”.
En el 2021, Luis Miguel Barbosa invirtió 600 millones de pesos en Banco Accendo, institución bancaria que quebró meses después.
La funcionaria explicó que en marzo de 2023, durante la revisión integral, identificaron irregularidades, mismas que se pusieron de conocimiento al órgano de control.
Abundó que, cuando asumió el cargo, y una vez que concluyó el análisis octubre y noviembre 2023, se hizo de conocimiento a la Fiscalía General de la República (FGE), además que se acude a la ciudad de México para dar seguimiento a la denuncia y revisión de liquidación judicial ante el juzgado de distrito.
