En los últimos días se han visibilizado diversos actos de violencia en contra de animales en Puebla, desafortunadamente muchos de ellos cometidos por menores de edad. Más allá de que esto es un importante problema y un foco rojo de la violencia social, también encierra la oportunidad para actuar urgentemente y evitar que escale a instancias mayores.
De acuerdo con datos del INEGI, en México 7 de cada 10 animales domésticos sufren de algún tipo de maltrato, ya que en nuestro país más del 70% de los perros se encuentra en situación de calle, así como un 60% de los gatos.
Y es que para los animalitos estar en la vía pública además de la carencia de comida, agua y un lugar para protegerse de las inclemencias del tiempo, los expone a múltiples vejaciones. Pero no por ello, las mascotas que tienen un hogar escapan de esta violencia sistemática.
Justo hace algunos días se hizo pública la tortura y asesinato del cachorro “huellitas” a manos de su dueña, una adolescente en el municipio de Huauchinango, así como este fin de semana la perrita “muñeca” fue violentada por un niño en Atlixco, esto sin detallar los múltiples reportes de maltrato que día a día se generan a través de los medios de comunicación y redes sociales. Tan solo en capital poblana ya suman 115 en lo que va de 2023, según el Instituto de Bienestar Animal.
Derivado de estos casos, el fin de semana pasado un grupo de ciudadanos realizó una marcha pacífica para pedir justicia y que se castigue con todo el peso de la ley a los menores de edad, no sólo con “terapias” como lo ha determinado -al menos en el primer caso- la autoridad correspondiente.
Y es que el Código Penal de Puebla estipula castigos para el maltrato animal que pueden llegar hasta diez años de cárcel, pues a pesar de que la condena más alta es de ocho años, ésta puede incrementar un tercio si el delito se cometió con armas o explosivos.
De igual forma, en la legislación local los actos de maltrato o crueldad animal que provocan lesiones que no ponen en riesgo la vida del ser vivo se castigan de seis meses a cuatro años de prisión, además de una multa de hasta 31 mil pesos; sin embargo, si provoca la muerte, la sanción se incrementa de cuatro a ocho años de cárcel, con multas que van hasta los 51 mil 870 pesos.
Sin embargo, considero que el maltrato animal por parte de menores de edad es una problemática que necesita ser abordada de manera específica y con enfoques adaptados a la edad y desarrollo de los involucrados.
Un artículo publicado en el portal de humanidades de la UNAM y firmado por MUCO, se pronuncia por considerar que la detección temprana de comportamientos crueles hacia los animales, puede prevenir el delito pero también contribuye a las acciones de sanación para tratar de recomponer el tejido social, el cual se encuentra gravemente lastimado por razones muy diversas como la corrupción, la falta de educación suficiente, la ausencia de retribuciones adecuadas al trabajo realizado, la protección de los derechos humanos fundamentales, la destrucción del entorno, entre otros.
En este sentido se aclara que si bien no siempre el desplegar acciones violentas contra los animales significa o impone un destino criminal, este comportamiento sí significa un desarrollo psicosocial deficiente en los infantes, lo cual, como todo derecho humano, se relaciona con el derecho a un libre y sano desarrollo de la personalidad y con el principio del interés superior del menor, pudiendo ser uno de los cabos a atar para la atención integral de la seguridad pública y del desarrollo de la familia y de la infancia.
Es por ello fundamental impulsar políticas para atender a los menores de edad que maltratan animales, con el objetivo de fomentar la empatía, educación y responsabilidad en esta población.
La educación es fundamental para prevenir el maltrato animal en cualquier grupo de edad. En el caso de los menores, es esencial implementar programas educativos que promuevan la empatía hacia los animales y enseñen el respeto por su bienestar.
Los profesionales que trabajan con menores, como maestros, psicólogos y trabajadores sociales, deben recibir formación específica sobre la detección e intervención en casos de maltrato animal.
Cuando se detecte un caso de maltrato animal por parte de menores de edad, es fundamental una intervención temprana. Se deben establecer protocolos claros de actuación que involucren a diferentes actores, como las autoridades, servicios sociales y las organizaciones de protección animal. Además, se debe garantizar que los niños y adolescentes involucrados reciban un tratamiento adecuado, que puede incluir terapia psicológica y programas de intervención conductual.
Asimismo, las políticas de protección animal deben fomentar la responsabilidad parental y promover la educación de los adultos en relación con el bienestar animal.
Es importante reconocer que los menores de edad que maltratan animales pueden estar enfrentando problemas subyacentes, como abuso o negligencia en el hogar, problemas emocionales o conductuales, por lo que los programas de protección animal deben incluir componentes de rehabilitación y reinserción social, que aborden las causas profundas del maltrato y brinden apoyo integral a los menores y sus familias.
Considero que la solución no está en actuar simplemente de manera coercitiva, sino en ir a la raíz del problema para erradicar de la sociedad el cáncer de la violencia no solo contra los animales, sino contra todas las personas.
