Hace un poco más de un mes, Puebla se convirtió en la primera entidad en el país en aprobar una reforma al Código Civil y Penal para suspender o quitar definitivamente la patria potestad a padres vinculados a proceso o sentenciados por feminicidio o tentativa contra la madre de sus hijos.
Esta reforma, bautizada como “Ley Monzón” en referencia al emblemático y lamentable caso del asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón hace casi un año, pugna porque los hijos menores de edad puedan ser resguardados por la familia de la madre, así como aumentar a 70 años de prisión contra los feminicidas que maten a mujeres frente a sus hijos.
Además de este logro tan significativo para combatir la violencia de género, las y los integrantes del Congreso Local aprobaron también, en la misma sesión, una ley que tipifica como intento de feminicidio los ataques con sustancias corrosivas, con penas que pueden alcanzar hasta 40 años de cárcel. Esta iniciativa conocida como la “Ley Malena” recibió este nombre en honor a la lucha de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019.
Por una parte, estas iniciativas, tanto la Ley Monzón y la Ley Malena, son sinónimo de buenas noticias, no solo para Puebla, sino para un país en el que la violencia contra las mujeres es, literalmente, el pan de cada día; en promedio 10 mujeres son asesinadas a diario.
Pero, por otro lado, nos hace poner el dedo en la llaga de la gran agenda pendiente que sigue existiendo para garantizar los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia, la cual se sigue manifestando en diferentes ámbitos.
No olvidemos que las mujeres en México aún enfrentan discriminación en el mercado laboral. A menudo se les paga menos que a los hombres por el mismo trabajo, tienen menos oportunidades de ascenso y se les niega el acceso a determinados trabajos debido a su género.
Asimismo, a pesar de los avances en la participación de las mujeres en la política, todavía hay una brecha de género significativa en la toma de decisiones. Se necesitan medidas para garantizar una mayor participación de las mujeres en puestos de liderazgo y en la toma de decisiones políticas.
Por otra parte, las mujeres en el país y en el estado enfrentan obstáculos para acceder a servicios de salud reproductiva y a sus derechos sexuales y reproductivos. Es necesario garantizar el acceso a servicios de salud seguros y de calidad, así como la educación y la información sobre la salud reproductiva.
Ante este panorama, sin duda es bueno celebrar los logros alcanzados, pero sobre todo tener presentes los retos y el emprender acciones para afrontarlos.
Por ello insisto en que estas leyes son importantes, un gran paso alcanzado, pero también un fuerte incentivo para lograr que esta normativa se materialice en mejores oportunidades y condiciones de vida para las mujeres; dentro de las cuales lo primero es erradicar la violencia en el contexto diario.
Es por ello que es necesario el trabajo conjunto de legisladores, gobernantes, academia, iniciativa privada, pero también de la ciudadanía en general. Solo trabajando en equipo podremos alcanzar la anhelada igualdad sustantiva.
