Puebla, Pue.- El bufete “Jurídico Briones Abogados” arribó al Ayuntamiento de Puebla para iniciar el proceso de embargo por el orden de 217 millones de pesos, empero, la autoridad promovió un amparo para “dilatar” el proceso.
Tras salir de palacio municipal, el representante de la parte afectada, Guillermo Briones García dio a conocer que a través de recursos improcedentes, la administración busca evadir su responsabilidad.
“El director general jurídico promovió la suspensión provisional con irregularidades, no se cumplen con ciertos parámetros que la ley de amparo considera, ya que para este tipo de suspensiones la audiencia incidental, donde se resuelve la suspensión definitiva debe ser en los 5 días siguiente donde se concedió la provisional y nos están mandado a finales de este mes lo cual es una irregularidad”.
Sostuvo que este asunto, iniciado en 2004, años donde se expropió un predio, sigue siendo parte de una línea para retardarlo y tratar provocar que la siguiente administración tenga que resolverlo.
“Exhortaos al presidente que no cometa esta irregularidad, que se siente a platicar con nosotros y cumpla con la legalidad que debe prevalecer”.
Recordó: “Este asunto, en años anteriores, han habido varios amparos improcedentes y lamentablemente las salas del tribunal han admitido y ha sido una ruta fuerte y estamos en espera de que esta situación se deba arreglar aunque la postura de la actual administración es dilatar pero seguiremos defendiendo el tema”.
Guillermo Briones García se dijo sorprendido sobre el actuar de las presentes autoridades, pues anunciaron que tendrían que pagar los 217 millones de pesos.
“El mismo presidente municipal el 4 de noviembre en conferencia reconoció el adeudo y fincó la responsabilidad a la administración pasada, pero reconoció el adeudo y dijo que tenían que pagarlo y buscar una arreglo o un préstamo, todo mundo vio la conferencia. Nos sorprende ahora que tengan que dilatar”.
Al final, se dieron dispuestos a platicar para que eles propongan una oferta.
“Espero que para no fincar responsabilidad penal contra servidores públicos sea una estrategia legal para dar pauta dos tres días para sentarse con nosotros para organizar su hacienda pública y obtener el recurso y se sienten a hacer una oferta”.
