El PAN presentó una denuncia en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, por haber ordenado la liberación en Culiacán de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa.
Marko Cortés, líder nacional del blanquiazul, informó que la denuncia de hechos fue presentada el viernes en la Fiscalía General de la República (FGR).
Acción Nacional solicitó investigar cualquier hecho que pudiera considerarse un delito cometido por los servidores públicos durante el operativo federal mediante el cual se capturó y liberó a Guzmán López por instrucciones del más alto mando de la seguridad, como reconoció el propio Presidente López Obrador.
Conforme la denuncia, ambos acusados podrían haber incurrido en el delito de evasión de presos tipificado en el artículo 150 del Código Penal Federal.
“Es un hecho notorio que la liberación de dicho sujeto fue ordenada por los denunciados, a pesar de que el individuo se encontraba bajo la custodia de las fuerzas del orden que cumplimentaron en su momento dicha orden de aprehensión”, señala la denuncia consultada por Grupo REFORMA.
“Aunado a lo anterior, se perfecciona la evasión en virtud de que la orden de liberación de dicho sujeto resulta contraria a una orden de aprehensión dictada en su contra y que la misma ya había sido debidamente ejecutada, previo a la presentación ante la autoridad penal correspondiente, de conformidad con la normatividad adjetiva penal”.
Cortés considero además que la claudicación del Estado condena a los ciudadanos a que continúen siendo perseguidos, extorsionados y secuestrados.
“Al haber liberado al hijo del ‘Chapo’ se condenó a todos los mexicanos a mayores riesgos por su vida, patrimonio y tranquilidad, se condenó a Sinaloa y otros Estados de la República a seguir gobernados por el narcotráfico”, dijo en un comunicado.
“Esto es sumamente delicado porque, al claudicar el Gobierno, nos someten a todos ante una delincuencia creciente, cada vez más violenta y organizada. El Estado tiene la obligación de aplicar la ley y hoy vemos un Estado fallido que vulnera claramente la aplicación de la misma”.
