Puebla, Pue.- El secretario de administración Leobardo Rodríguez Juárez denunció que Agua de Puebla para Todos inició una serie de amenazas, contra la gestión municipal, por una deuda de 8.1 millones de pesos -por concepto del servicio- de ahí que buscan ampararse ante el cobro excesivo.
En entrevista, relató que la pasada administración solamente hizo un pago de 8.1 millones de pesos por cinco años, mientras que por unos meses se le exige la misma cifra.
“La pasada administración firmó un convenio por 8.1 millones que cubría los 5 años de no pago. Desde Toni Gali y Luis Banck se pagó lo que representaría 1.6 millones al año”.
Ante los hostigamientos, la secretaría de administración entregó a la concesionaria 1.6 millones en marzo, y consideró lejano que la firma acepte un convenio debido a los malos tratos que ha recibido el propio funcionario.
“En el mes de abril y mayo vinieron una serie de amenazas de que nos iban a cortar el servicio en nuestros 39 edificios, por lo que hicimos un pago de 1.6 millones. Por un año de servicio, sin parámetros, sin tener mecanismos de cobro, deberemos 8.1 millones, lo que pagó en cinco años, nosotros lo debemos en un año”.
Delató que con mucha insistencia exigen el resto de la deuda, sin que el director, Héctor Durán, los pueda atender de manera personal, y los canalizan con la directora comercial que dicho sea de paso es una funcionaria prepotente y no ha sido fácil el trato.
Abundó que de seguir en esta dinámica, el municipio pagaría por dos años 16 millones de pesos, con medidores que la autoridad debe pagar y sin que la empresa invierta un solo centavo.
“Además de que no tienen mecanismos de cobro, cuotas establecidas, si nosotros que somos autoridad… imagínense lo que viven todos los poblanos, nos plantean: paguen los 8.1 millones en 2019, instalen medidores para saber cuánto les debemos cobrar y en los edificios que llevamos pipas nos cobran derecho de drenaje. En dos años se pretende embolsar 16 millones de pesos sin poner un solo peso”.
Al final, reveló que buscan la vía jurídica para ampararse ante lo que consideró una arbitrariedad.
