Puebla, Pue.- Los diputados integrantes de los grupos legislativos del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla, Nueva Alianza, Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, de la LX Legislatura del Congreso del Estado, externamos nuestra preocupación por la serie de medidas turbias aprobadas recientemente en el Congreso del Estado; así como del posicionamiento en medios de comunicación sobre la mal llamada apertura de cuentas públicas 2016 y 2017, puesto que dañan estructuralmente la institución que representamos, dado quienes integran la mayoría, la coalición Juntos Haremos Historia, buscan utilizar el Congreso para fines personales y de revancha política.
El día de ayer 6 de noviembre, Diputadas y Diputados locales de MORENA, PES y PT, acudieron a la Cámara de Senadores y manifestaron, de forma equivocada y contraria al mandato constitucional, que será la Cámara Alta la que revise la Cuenta Pública Federal de 2016 y que, como consecuencia, el Congreso del Estado abrirá la Cuenta Pública local correspondiente al mismo año.
Por lo que respecta a la mal llamada apertura de cuentas públicas, es importante aclarar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 74, fracción VI como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, la fiscalización superior de la cuenta pública federal.
La opinión pública tiene el derecho de conocer que durante el ejercicio 2016 y el periodo comprendido del mes de enero de 2017, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió en todo momento con las disposiciones vigentes en materia de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera y Cuenta Pública. Es decir, que los Estados Financieros fueron elaborados y dados a conocer conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Los estados financieros del Gobierno del Estado de Puebla, así como las Cuentas Públicas de los periodos señalados, fueron revisados por instituciones responsables del Control Interno, el reconocido despacho internacional PriceWaterhouseCoopers, la Auditoría Superior del Estado, y dictaminados por la Legislatura al Congreso del Estado.
No obstante lo anterior, existe la siguiente Jurisprudencia: “AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD IMPIDE, QUE A TRAVÉS DE SU FACULTAD ORDINARIA DE REVISIÓN DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA, FISCALICE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE AÑOS ANTERIORES AL EJERCICIO AUDITADO” que refuerza el concepto de no volver a abrir las cuentas públicas de ejercicios anteriores ya aprobadas.
Con lo que respecta a la Deuda Pública del Estado, esta fue incorporada al registro nacional de obligaciones y empréstitos, en los términos que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, acorde a lo dispuesto por el artículo SEXTO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.
Lo anterior, para mostrar que se dio cumplimiento a todos los lineamientos legales establecidos, con el fin de evitar lo que se pretende hacer ahora; especular sobre la deuda contraída en el Estado.
La ignorancia en temas legales o técnicos, es muy dañina y lleva a quien comete una probable irregularidad a hablar o actuar sin fundamento legal, ni motivación, con el único propósito de velar por intereses personales y no de la sociedad.
Seamos claros, la mal llamada reapertura de las Cuentas Públicas es un invento de un grupo de legisladores locales que violenta a la Constitución, el principio de legalidad e incluso derechos humanos, situación que los puede llevar a cometer conductas tipificadas como delitos o faltas administrativas graves, como abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, así como abuso de funciones, respectivamente, ya que declaran, aprueban acuerdos y violentan reiteradamente la legalidad, la seguridad jurídica, el debido proceso y, en suma, la institucionalidad en el Estado de Puebla.
Busquemos apegarnos a los procedimientos legales establecidos, defendamos el Estado de Derecho y conduzcámonos en la Legalidad.
