San Pedro Cholula, Puebla.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió éste lunes la controversia constitucional que presentó el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo de Puebla por la reforma a la fracción sexta del artículo 12, que tiene como objetivo la privatización del servicio de agua potable en todo el territorio poblano.
El secretario General del Ayuntamiento, Ignacio Molina Huerta, informó que recibió un acuerdo firmado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales donde notificó que ha sido admitida la controversia constitucional asignándole el número 53/2017, el cual es el primer paso para declarar la inconstitucionalidad de la Reforma que busca la privatización del servicio hídrico.
“El siguiente paso es la designación de un ministro ponente que hará un dictamen, mismo que pasará a votación del pleno de la Suprema Corte de Justicia”.
El funcionario municipal consideró que el primer paso es un buen resultado ya que la SCJN no admite cualquier declaratoria de inconstitucionalidad, lo cual indica que estuvo bien integrada y que existen argumentos para darle entrada.
En ese sentido Molina Huerta mencionó que hasta el momento otros siete municipios se han acercado para interponer los recursos necesarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare la inconstitucionalidad de la reforma.
El Secretario General confió en que la Suprema Corte le corrija la plana al Congreso del Estado de Puebla y reiteró el compromiso del edil cholulteca de no permitir que se lucre con el agua potable, ni permitir un acto como se hizo en la ciudad de Puebla, donde se entregó a particulares la administración del vital líquido.
Es importante mencionar que el pasado 13 de febrero, el presidente de San Pedro Cholula acudió a la SCJN para presentar la controversia constitucional porque la acción del gobierno del estado es una clara violación a la autonomía de los municipios, además de que se aprobó de manera irresponsable por parte de los legisladores locales.
