Puebla, Pue.- Integrantes del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, así como de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, presentaron dos demandas de amparo ante la justi[1]cia federal como consecuencia de las recientes reformas a las leyes secundarias para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Este paquete de reformas consistió en cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgá[1]nica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley de Ascensos y Recompensas del
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, publicado en el Diario Ocial de la Federación el 9 de septiembre de 2022.
Los cambios legales se enmarcan en un proceso de profundización de la militarización de la vida pública y son un
mecanismo para dar fuerza jurídica a la transferencia mencionada, en sentido contrario a lo establecido en la Cons[1]titución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la naturaleza de la Guardia Nacional.
La participación de los integrantes de la Universidad en estas acciones de defensa jurídica ante el Poder Judicial de la Federación se enmarca en la estrategia impulsada por organizaciones de la sociedad civil para defender el carác[1]ter civil de la seguridad pública, mismo que ha sido materia de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, disponiendo que las Fuerzas Armadas únicamente pueden participar en esta área de forma extraordinaria, regulada, scalizada, subordinada y complementaria.
